Corrupción y lavado de dinero coexisten en América Latina y el Caribe, reforzándose en entornos institucionales frágiles. Un análisis de Global Financial Integrity (GFI) basado en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) y el Índice Anti-Lavado de Dinero (AML) revela cómo los países con mayor corrupción también enfrentan mayores riesgos de lavado.
Dos índices, un mismo patrón regional
Ambos indicadores muestran una fuerte correlación entre altos niveles de corrupción y una elevada vulnerabilidad al lavado de dinero en la región. Esta coincidencia evidencia deficiencias estructurales como la debilidad del estado de derecho, marcos regulatorios ineficaces y escasa supervisión financiera. En contraste, las jurisdicciones con puntajes más equilibrados tienden a contar con instituciones más sólidas y mecanismos de control más efectivos.
Factores comunes en los países más vulnerables
Los países con mayores riesgos comparten características comunes:
Obstáculos en la aplicación de la UNCAC
El informe también analiza la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que todos los países de la región han ratificado. Sin embargo, persisten grandes retos en la implementación del mecanismo de recuperación de activos, una herramienta clave para desmantelar redes corruptas y repatriar fondos ilícitos.
Reforzar capacidades públicas y privadas
GFI propone una serie de acciones para mejorar la situación. En el sector público, urge mayor coordinación interinstitucional e intercambio de información. Para el sector privado, recomienda mejorar los controles internos y la capacitación en cumplimiento. Además, destaca el rol esencial de los investigadores independientes en la identificación de flujos financieros ilícitos y el monitoreo de casos relevantes.
Abordar el lavado de dinero en la región requiere ir al origen del problema: la corrupción estructural, la impunidad persistente y la opacidad institucional.
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