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Después de una pausa ordenada por la Casa Blanca el 10 de febrero de 2025, que detuvo temporalmente las acciones de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), el Gobierno de los Estados Unidos ha reanudado su aplicación a través de nuevas directrices emitidas por el Departamento de Justicia (DOJ) el 9 de junio. Según este artículo publicado por el Harvard Law School Forum on Corporate Governance, esta reactivación representa un cambio estratégico en la priorización, supervisión y alcance de las investigaciones sobre corrupción internacional.
Mayor supervisión y control centralizado
Una modificación clave es que ahora los fiscales deben obtener autorización del Fiscal General Adjunto de la División Criminal o de un funcionario político de mayor rango antes de iniciar nuevas investigaciones o acciones de cumplimiento. Anteriormente, los fiscales de carrera podían iniciar estos casos de forma autónoma. Esta medida busca asegurar un control más centralizado y alineado con las prioridades del DOJ.
Nuevas prioridades: seguridad nacional y perjuicio económico a EE. UU.
Las directrices enfatizan que se priorizarán los casos que involucren amenazas a la seguridad nacional y aquellos en que compañías extranjeras perjudiquen la competitividad de empresas estadounidenses mediante sobornos. Se destaca que los casos más relevantes han sido históricamente contra empresas no estadounidenses.
Énfasis en la responsabilidad individual
El DOJ enfocará sus esfuerzos en personas involucradas directamente en actos de corrupción de gran escala o sofisticación. Al mismo tiempo, se desaconseja procesar corporaciones por una “mala conducta inespecífica” sin identificar actos concretos atribuibles a individuos.
Impacto empresarial y cooperación con otras autoridades
Las nuevas directrices requieren que los fiscales consideren el impacto de sus investigaciones sobre las operaciones legítimas de las empresas, actuando con celeridad y teniendo en cuenta posibles consecuencias colaterales. También se recomienda evaluar si otras agencias estadounidenses o autoridades extranjeras son más apropiadas para encargarse del caso, promoviendo así la eficiencia y la cooperación internacional.
El DOJ aclara que estas directrices no alteran las prioridades de cumplimiento de la SEC ni de autoridades extranjeras. También señala que sigue vigente el plazo de prescripción de cinco años para presentar cargos bajo la FCPA, un aspecto clave del contexto procesal. La cooperación entre países en materia anticorrupción continuará siendo una posibilidad activa.
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