Nuevo informe con propuestas para atajar su ilegalidad a través de la reforma de las administraciones tributarias. 

Entre las recomendaciones se incluye:

La eliminación o la reforma «sustancial» del tradicional régimen de módulos.

Potenciar las transacciones por medios electrónicos, a la vez que se restringen los pagos en efectivo, sobre todo en las transacciones entre empresas mediante una obligación que requiera trazabilidad bancaria.

Rebajar la cuantía para la publicación de los datos en el listado de morosos a 300.000 euros, frente a los 600.000 actuales, y que se imposibilite crear más empresas a quienes aparezcan en ella. 

Introducir en la LGT un procedimiento especial que se aplicaría en los fraudes más graves o de carácter organizado y que supondría una especie de «muerte civil» de estos contribuyentes, ya sean personas o entidades. 

Mejorar la coordinación entre la Agencia Tributaria y los reguladores del sector de la energía, así como establecer el carácter mensual del modelo 380 sobre IVA asimilado a la importación.  

Crear una base de datos compartida con los contribuyentes que tributen en cifra relativa, así como establecer mecanismos que garanticen que la normativa es homogénea en todas las administraciones tributarias. 

En cuanto al impuesto sobre patrimonio y de sucesiones y donaciones, una armonización de tipos impositivos y una mayor simplicidad relativa a los puntos de conexión para fijar qué CCAA es la competente para gravar al contribuyente y en dónde debe declarar. 

Revisión de los beneficios fiscales, especialmente en el caso de la empresa familiar