El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que facilita las demandas colectivas de consumidores ante fraudes masivos. Esta normativa busca agilizar el procedimiento judicial para acciones colectivas y traspone la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

La ley propone eliminar barreras para que las asociaciones de consumidores y otras entidades puedan ejercer acciones colectivas de forma más efectiva frente a conductas empresariales ilícitas. También prevé la habilitación de estas asociaciones y la creación de una base de datos accesible al público para facilitar la información sobre entidades habilitadas.

Un procedimiento único se establece para las demandas colectivas, ampliando el ámbito de actuación a todas las situaciones donde se vulneren derechos e intereses de consumidores. La ley incorpora el uso de plataformas electrónicas para agilizar los procesos y prioriza el juicio verbal para una defensa eficaz y rápida de los afectados. 

La ley también establece un sistema de difusión y publicidad electrónica de acciones colectivas, facilitando la adhesión de los afectados y la coordinación entre órganos judiciales. Esta reforma busca proteger a los consumidores y lograr una Administración de Justicia más eficiente.