El  real decreto establece medidas y actuaciones destinadas a prevenir y evitar el tráfico que tenga origen o destino en recursos públicos de numeración que no hayan sido atribuidos, habilitados o asignados; determinados tipos de tráfico contrarios a lo establecido en las disposiciones de atribución, habilitación o asignación de recursos nacionales e internacionales de numeración; así como el tráfico irregular con fines fraudulentos cursado en las redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

Los objetivos del real decreto son proteger la integridad de las redes y la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, asegurar la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y garantizar los derechos de los usuarios. Asimismo, se persigue reducir los perjuicios económicos sufridos tanto por los operadores como por los usuarios.

Para ello la SETSI podrá requerir a los operadores la aplicación de medidas de bloqueo de la transmisión de tráfico, de retención de pagos o ambas simultáneamente en relación con el tráfico no permitido o el tráfico irregular.