La Oficina Antifraude de Cataluña, es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, con el fin de prevenir e investigar posibles casos de uso o destino ilegales de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

Esta ley modifica apartados de los artículos 9 y 11 de la Ley 14/2008 de  la Oficina Antifraude de Cataluña