La Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos y las sanciones en el ámbito del blanqueo de capitales.

En cuanto a la definición de los delitos a los efectos de la Directiva, se entenderá por: «Actividad delictiva»: cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de cualquier delito que, de conformidad con el Derecho nacional, lleve aparejada una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de duración máxima superior a un año o, en aquellos Estados miembros en cuyo sistema jurídico exista un umbral mínimo para los delitos, cualquier delito que lleve aparejada una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de duración mínima superior a seis meses. En cualquier caso, los delitos incluidos en las siguientes categorías se considerarán actividad delictiva a los efectos de la presente Directiva:

…

h) corrupción, incluido cualquier delito previsto en el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea  y en la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo; 

i) fraude, incluido cualquier delito previsto en la Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo;

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q) delitos fiscales relacionados con impuestos directos e indirectos, tal como están establecidos en el Derecho nacional; r) extorsión;

s) falsificación;

t) piratería;

u) uso indebido de información privilegiada y manipulación de mercados, incluido cualquier delito previsto en la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo);

v) ciberdelincuencia, incluido cualquier delito previsto en la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;

La directiva en subsiguientes  artículos   establece las medidas que deberán adoptar los Estados miembros así como las sanciones aplicables a las personas físicas y jurídicas