La corrupción está aumentando en América Latina, evidenciado por decisiones judiciales recientes y un retroceso en los esfuerzos anticorrupción. En Brasil, el juez José Dias Toffoli suspendió multas impuestas a Novonor (anteriormente Odebrecht) y J&F, empresas involucradas en acuerdos de lenidad por sobornar a funcionarios brasileños. Esto refleja un empeoramiento en la percepción de corrupción en la región. Brasil y Perú caen de manera drástica en el índice de corrupción percibida de Transparency International. 

La ola de actividades anticorrupción que barrió América Latina en la década de 2010 está siendo contrarrestada. En Honduras, aliados del nuevo presidente nombraron un fiscal general favorable al partido gobernante, y en Perú, el congreso consideró remover miembros del órgano independiente que selecciona fiscales y jueces. México y Guatemala también muestran resistencia a los esfuerzos anticorrupción. 

La raíz de este retroceso se encuentra en las dramáticas investigaciones anticorrupción, como la operación Lava Jato en Brasil, que reveló extensos sobornos y corrupción en Petrobras y otras empresas. Sin embargo, errores y comportamientos cuestionables de fiscales y jueces, como la publicación de acuerdos de delación que implicaban al expresidente Lula, han generado dudas sobre la imparcialidad de estas investigaciones. Esto ha llevado a un rechazo político y social de los esfuerzos anticorrupción, con políticos aprovechando estas debilidades para protegerse y desacreditar las investigaciones. La decisión del juez brasileño refuerza la percepción de que la corrupción está siendo incentivada, lo que representa un desafío significativo para la lucha contra la corrupción en América Latina.