Durante décadas, los inversores han lamentado la poca frecuencia con la que los auditores externos descubren fraudes corporativos. Casos como Enron y Wirecard han cuestionado la efectividad de estos profesionales. Según el último informe bienal de la Association of Certified Fraud Examiners, los auditores solo descubren el 3% de los fraudes en las organizaciones, una disminución respecto al 4% previo. Mientras que los controles internos y las líneas de denuncia han ayudado a algunas empresas, los problemas persisten cuando la dirección es la culpable o cuando la cultura corporativa está corrompida. 

 Reguladores como la SEC de los EE.UU. buscan fortalecer las responsabilidades de los auditores mediante propuestas que obliguen a una mayor diligencia en la detección de fraudes. Sin embargo, las firmas de auditoría argumentan que no pueden hacer «juicios legales», es decir, determinar si se ha violado la ley, y que las nuevas propuestas podrían no ser efectivas. Las auditorías están diseñadas para proporcionar una “seguridad razonable” sobre la veracidad de los estados financieros, no una garantía total. Esto limita su alcance en la detección de irregularidades. Además, los auditores dependen en gran medida de la información proporcionada por los ejecutivos de las empresas, quienes pueden ser los perpetradores del fraude. A pesar de la resistencia, existe una voluntad de los inversores de pagar más por una auditoría más rigurosa y confiable, lo que podría ayudar a cerrar la brecha entre las expectativas de los inversores y las capacidades reales de los auditores.