El fraude detrae cada año miles de millones de euros de la cuenta de resultados de las compañías de todo el mundo. Nadie está a salvo de sus efectos económicos y reputacionales.

El nivel del control interno es, en este sentido, un factor crítico. Si los mecanismos de vigilancia de la empresa se relajan, como ocurre a veces por distintas circunstancias, el fraude tiene más posibilidades de aparecer y prosperar. El caos organizativo provocado por la pandemia de coronavirus facilitó irregularidades, como la gestión de fondos sin control o supervisión, o las contrataciones irregulares de proveedores para determinados suministros excepcionales.

El impacto económico de estos hechos es relevante: más de la mitad de las veces no se recupera ni un céntimo del importe defraudado.

Afortunadamente, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de los sistemas de control para prevenir este tipo de delitos, lo que a su vez se traduce en una menor incidencia del problema, tanto por la reducción de las pérdidas provocadas por el fraude de los empleados como por la rebaja de los plazos de detección.  Se atribuye esta mejoría a la implantación progresiva de herramientas de control dentro de las empresas. Especial importancia se le concede a la existencia, cada vez más frecuente, de canales de denuncia (‘hotline’ en inglés), que permiten a los empleados (y también a colectivos externos, como los clientes o proveedores) poner en conocimiento de la organización potenciales irregularidades manteniendo la confidencialidad y anonimato.